La situación pos-electoral en México nos obliga a mirarnos en ese espejo. Al igual que, en estas latitudes, nadie duda sobre las matemáticas electorales surgidas del 1 de julio, el día de las elecciones. Al contrario, los cuestionamientos van dirigidos al proceso previo al montaje de las elecciones, y a la libertad del voto que ejerció a cada ciudadano, al argumentarse que hubo compras de votos, suficientemente documentadas. Dicho en otras palabras, es muy difícil e improbable que Peña Nieto no sea proclamado y juramentado como el presidente de México a partir del 1 de diciembre. Sin embargo, al igual que en estas latitudes, no pueden celebrarse próximas elecciones sin las necesarias garantías que aseguren la soberanía popular.
Me inscribo entre los que piensa que Andrés Manuel López Obrador no puede repetir la misma historia anterior, en el sentido de cometer el error histórico de no aceptar los resultados electorales, sobre todo que, a diferencia de la primera vez, en ésta ocasión, la diferencia supera los tres millones de votos. Incluso, comparto la opinión de que la izquierda mexicana debe revisarse y elegir un nuevo liderazgo. Sin embargo, apoyo su iniciativa de transparentar el proceso electoral y de desnudar las debilidades y las miserias propias de un sistema electoral y político que no ofrece garantías electorales.
El pasado 12 de julio, López Obrador fijó su posición al pronunciar este discurso, en el que expuso lo siguiente:
La confabulación de los gobernadores en el Estado de México se tradujo en utilizar recursos del presupuesto público de los estados para comprar millones de votos en todo el país.
Una prueba bien documentada de lo anterior fue el modo en que operó el gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, el cual asignó a sus principales colaboradores, por distrito y municipio, y está demostrado que manejar n chequeras con millones de pesos para la compra de votos.
En la práctica, en todo el país, el sufragio se adquirió con dinero en efectivo, con tarjetas para la obtención de mercancías, con despensas, materiales de construcción, fertilizantes y otras dádivas.
A los cuantiosos recursos económicos de procedencia ilícita que se ejercieron para la compra de los votos, habría que sumar miles de millones de pesos gastados en publicidad, en encuestas hechas a modo y en el pago a qui nes ejecutaron y apoyaron directa o indirectamente este vergonzoso plan. Todo ello, obviamente, rebasa con creces el tope de gastos de campaña establecido en la ley.
El operativo masivo de compra de votos se llevó a cabo antes y durante el día de la elección. Un caso emblemático es el de los monederos electrónicos de las tiendas Soriana, comercios que fueron vaciados por multitudes d l Estado de México, que canjearon tarjetas al día siguiente y en los días posteriores a la elección.
Aunque la compra del voto se dio prácticamente en todo el país, fue más acentuada en las zonas donde viven los más pobres de México, en especial en el medio rural. En estos lugares se registró el mayor nivel de participa ión ciudadana del país, contrario a lo sucedido en las anteriores elecciones presidenciales y superior a la media nacional registrada en los actuales comicios.
Al final de sus palabras, López Obrador insistió en que su lucha será siguiendo los canónes institucionales, y por lo tanto, la resistencia será pacífica. Cuando una lee noticias como ésta, definitivamente, debe llegar a la conclusión de que hay que revisar los mecanismos democráticos en América Latina. El tema, por tanto, no radica en observar la «diafanidad» del día de las elecciones, sino en observar todo el proceso previo a la celebración de las elecciones. Siento que la comunidad internacional todavía no tiene conciencia de ello, y reduce la discusión al llamado «derecho al pataleo», cuando, en el fondo, la discusión es más profunda, pues toca a la esencia misma de la democracia.
El presidente saliente de México, Felipe Calderón, que ya no tiene que tener pelos en la lengua, ha afirmado, sobre la compra de votos, lo siguiente:
Sí lo es y agregaría, ya lo era hace muchos años. El problema de la democracia mexicana no está en la contabilidad electoral, que fue el alegato de 2006. El problema no está ahí. Está en la libertad con la que un elector llega a la casilla para votar por uno u otro candidato. Y ese desafío sigue presente. No soy de los que creen que una elección se puede decidir así como así por la compra de votos. No es un asunto de fe, es un asunto de pruebas y de decisiones judiciales. Sí estimo que si se llega a comprar un voto (darle al elector un obsequio, un dinero o una tarjeta condicionada a un voto), así sean un voto, cien mil o cinco millones, está mal.
P. Es un fraude…
R. Que tiene que corregirse y castigarse. Si hay un voto o 10 o mil que están comprados, evidentemente se anula la voluntad de esos votantes, pero que esos votos sean nulos no necesariamente implica la nulidad de un proceso electoral en el que han votado 70 millones de personas.
Calderón ha puesto el dedo sobre la llaga. El tema trasciende a las fronteras de México, pues también en otras latitudes de América Latina, incluyendo por estas tierras, también se desnudan las debilidades y las miserias del sistema electoral. Es hora de buscar soluciones para impedir que una sola fuerza imperante, sobre todo aquella que controla estructuras de poder, sea la que imponga resultados electorales, en sustitución del único soberano que tiene derecho: el pueblo.
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