
Desde que en el 1997 fuese juramentada la actual Suprema Corte de Justicia, nunca antes se había celebrado el Día del Poder Judicial en medio de tantos cuestionamientos al más importante de los Poderes del Estado.
Como abogado y, en los últimos años, desde mis actuales funciones partidarias, he sido un defensor de los avances institucionales que hasta el momento ha experimentado el sistema judicial dominicana. Y en esa misma línea, continuaré trabajando para el fortalecimiento de su independencia y autonomía.
Todo indica que el ciclo que se inició en el 1997 ha llegado a su fase de agotamiento, y urge una nueva visión que contínue los logros alcanzados hasta el momento, y rectifique y corrija las debilidades diagnosticadas. La decisión de la Suprema Corte de Justicia en el caso de la Sun Land marca el antes y el después de esta etapa, sobre el cual me he referido anteriormente.
Ahora, cuando uno lee esto y esto, artículos escritos con mucha responsabilidad, no hay dudas de que todo apunta a que el deterioro de la credibilidad del Poder Judicial es una consecuencia del debilitamiento del actual sistema político. Y esto lo asumo, con un sentido autocrítico, pues no puedo obviar mi condición de político, aunque no comparta las prácticas clientelistas que han caracterizado tradicionalmente a la clase política nacional.
Tampoco pienso que nos debemos quedar en poner el dedo sobre la llaga, sino que la actual situación de cuestionamiento al sistema de partidos políticos debe servir para renovar las propias esencias y valores que integran la democracia, y que su implementación, a través de los años, han servido para construir la democracia que hoy vivimos, aún con sus imperfecciones.
Hay que sepultar la corrupción como práctica endémica en el Estado, con sus dignas excepciones. Hay que rescatar el imperio de la ley, el estado de derecho, el principio de la legalidad. Creo firmemente en que existe una nueva generación de políticos/as que participan en los partidos políticos mayoritarios que está convencida de que su rol tiene que ser distinto y diferente a como han sido el ejercicio político de otras generaciones. Hay que reivindicar la transparencia y la rendición de cuentas como normas fundamentales en el servicio público.
Por último, para fortalecer el Poder Judicial, hay que lograr su total independencia y autonomía del resto de los Poderes del Estado, particularmente del Ejecutivo. Pero, no como un enunciado, sino como un valor intrínseco de la justicia imparcial. En ese sentido, hay que respetar los escalafones y las reglas que rigen la carrera judicial. De nada serviría, ejercer la función de juez por 5, 10, 15 o 20 años, sin que se tenga la expectativa de que, algún día, por sus méritos, se pueda ocupar la posición de Presidente o Juez de la Suprema Corte de Justicia.
En medio de este clima, hay lugar al optimismo y a la esperanza, particularmente para reivindicar la política como el espacio común para la solución de nuestros graves problemas institucionales, económicos y sociales, conjuntamente con la mayoría de los ciudadanos/as.
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