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Osama: muerto o muerto, ¿y la ley?

5 may

La ejecución de Osama Bin Laden es un retrato de la sicología de los americanos, tal como describe Enric González en su artículo La caza de la ballena blanca:

“Es imposible exagerar el impacto de la destrucción de las Torres Gemelas en la psique estadounidense. El hecho en sí fue gravísimo. Por el número de muertos, por la caída de unos edificios simbólicos, porque ni Nueva York ni el resto del país, ajeno hasta entonces a masivos ataques exteriores, habían vivido jamás una jornada de tal pánico y tal asombro.

Pero hubo algo más. Si Osama bin Laden asumió para el colectivo la condición de monstruo cruel y elusivo, los estadounidenses se pusieron en la piel del capitán Ahab: no existía otro fin que la venganza. No importaban los medios, no importaban las consecuencias. Era una cuestión moral y absoluta, sin posibilidad de matices.”

Por ello, nunca se planteó la posibilidad de capturar a Osama Bin Laden y traducirlo a la justicia. Era una sola opción: su ejecución, su asesinato, su muerte. ¿Podía hacerlo el gobierno de Estados Unidos de América? ¿Podía matar a quien era su enemigo más buscado? Desde que la CIA se vió involucrada en una serie de acciones para asesinar a religiosos en la década de los setenta, el presidente Gerald Ford emitió una orden que claramente prohibía los asesinatos políticos: “Ningún empleado del gobierno de Estados Unidos de América puede involucrarse en, o conspirar para involucrarse, en asesinatos políticos”.

En la medida en el que el tiempo y las circunstancias fueron cambiando, la prohibición de asesinar fue pasando a otro plano, a pesar de que no hubo cambios expresos. Luego de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, los abogados de la Casa Blanca interpretaron la prohibición de la siguiente manera:

“Algunos han argumentado que nuestras prácticas están dirigidas a violar el derecho interno, en particular, la prohibición nacional de los asesinatos. Pero la jurisdicción interna, el uso de sistemas de armas legales que sean compatibles con las leyes aplicables de la guerra de precisión en acción específica para líderes beligerantes de alto nivel, cuando se actúa en defensa propia o durante un conflicto armado que no sea ilegal, y por lo tanto, no constituye “asesinato”.”

En otras palabras, para el gobierno americano, Osama Bin Laden no fue asesinado, por lo tanto no hay responsabilidades que reclamar. Tampoco, según su criterio, no merecía ser capturado ni ser traducido a la justicia. Solo la sentencia de Obama al anunciar la muerte de Bin Laden: “Se ha hecho justicia”.

Jeffrey Toobin lo explica en Killing Osama: Was it legal. También, recomiendo Is it legal to kill Osama Bin Laden (Por cierto, este artículo es de junio de 2010).

¿Presidente de Austria? Todos, menos uno

10 oct

En Austria, todos los ciudadanos pueden aspirar a la presidencia de la república, menos los descendientes de las familias monárquicas que, en algún momento de la historia de ese país, hayan gobernado. Una ley obsoleta, sin sentido. Ulrich Habsburgo-Lothringen, descendiente de la dinastía Habsburgo, quien aspiró a ser presidente en el pasado mes de abril, pero que no pudo registrar su candidatura, por la existencia de este impedimento legal, ha solicitado su anulación a la Corte Europea de Derechos Humanos por violar sus derechos. Totalmente de acuerdo. Las elecciones presidenciales en Austria son en el 2016. Espero que Habsburgo pueda, para ese entonces, ejercer sus derechos, y probablemente, sea electo presidente.

Extradicción y deportación: políticas de Estado

21 jul

Con el apresamiento de Figueroa Agosto y Sobeida Félix en Puerto Rico, hay dos preguntas que son muy cómunes: ¿Extraditarán a Figueroa Agosto a Dominicana? ¿Deportarán a Sobeida Félix a Dominicana? Tanto la extradicción como la deportación son dos fíguras jurídicas del derecho internacional público. Por lo tanto, constituyen instrumentos que forman parte de la política de cada Estado, en este caso, de los Estados Unidos de América.

Primero, la extradicción. República Dominicana y Estados Unidos de América tienen suscrito, aprobado y ratificado, el Tratado de Extradicción de 1910, por lo tanto es ley entre ambos países. El artículo VI es muy claro:

“Si el criminal prófugo, cuya entrega pueda reclamarse con arreglo a las estipulaciones del presente Convenio, estuviese, en el momento en que se pida la extradición, enjuiciado, libre bajo fianza o detenido por un crimen o delito o cometido en el país en que buscó asilo o ha sido condenado por el mismo, la extradición podrá demorarse hasta tanto que terminen las actuaciones y el criminal sea puesto en libertad con arreglo a derecho.”

Por lo tanto, si la persona cuya extradición se reclame, está condenado por lo tribunales del país donde ha sido apresado, o tienes asuntos pendientes ante los propios tribunales, no se puede extraditar, sino hasta que “terminen las actuaciones y el criminal sea puesto en libertad con arreglo a derecho”.

El caso más reciente en donde se puede comprobar la política de Estado de la nación americana fue en el caso Noriega. Noriega estuvo condenado por Estados Unidos, y en medio de la condena, Francia pidió su extradicción. Estados Unidos solo lo extraditó cuando ya cumplió su condena en Estados Unidos.

Adicionalmente, hay otro aspecto importante. Si la persona que se pide en extradicción es ciudadana americana, entonces rige el artículo VIII del Tratado, que dispone:

“Ninguna de las Partes contratantes aquí citadas estará obligada a entregar sus propios ciudadanos o súbditos en virtud de las estipulaciones de este Convenio.”

Es decir, que la decisión de extraditar a un ciudadano de los Estados Unidos de América para la República Dominicana, por ejemplo, no es obligatoria bajo el Tratado de Extradicción, lo cual no significa que siempre sea así. Al final, es una decisión de Estado.

Segundo, la deportación. Todo extranjero ilegal en Estados Unidos de América puede ser deportado a su país de origen, de acuerdo con el Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act. Es, por lo tanto, una obligación de Estados Unidos de deportar a todo ciudadano extranjero que haya entrado ilegalmente al suelo americano, obviamente siguiendo el debido proceso de ley. Un juez de inmigración es el responsable de ordenar la deportación. En ese sentido, la ley establece la deportación puede ser demorada cuando existan razones humanitarias o legales. La demora no puede durar más de dos años. En la práctica, Estados Unidos es muy ágil en las deportaciones, salvo honrosas excepciones, muy vinculadas a casos de refugiados o de ciudadanos que sufren persecución política.

Ha hecho muy bien el gobierno dominicano, primero, en comprender que estos temas están regidos por tratados bilaterales y leyes muy específicas, y que por lo tanto, hay que abordarlos a nivel diplómatico (de gobierno a gobierno), imponiéndose la mayoría de las veces, largos y tediosos trámites burocráticos, por lo que hay que tener paciencia y persistencia, y segundo, que la cooperación entre las distintas agencias involucradas en la lucha contra el narcotráfico es fundamental para lograr obtener la mayor información necesaria para produndizar las investigaciones con las debidas sanciones tanto en Puerto Rico como en Dominicana.

¿Cómo se hacen las leyes (en EUA)?

30 may


Excelente gráfica que ilustra cómo se hacen las leyes en Estados Unidos de América, desde la A hasta la Z. (Vía Perogrullo).

Culpable hasta que te declaren culpable

5 dic

La condena a 26 años de prisión a la joven norteamericana Amanda Knox por haber asesinado a su compañera de habitación en Italia ha puesto sobre el tapete el rol de la prensa en el proceso penal. El juicio a Knox ha sido el más visto en Italia en toda su historia, y obviamente ha sacado a relucir las debilidades del sistema penal italiano. Independientemente de si es cierto o no que Knox cometiera tan abominable crimen, deja mucho que pensar el hecho de que los miembros de un jurado puedan leer la prensa, ver televisión y hasta opinar públicamente sobre el mismo caso que están conociendo. El proceso penal tiene una delgada línea roja que separa los derechos del acusado (juicio imparcial, presunción de inocencia, debido proceso de ley) y el derecho de información de la prensa. Claramente, en este caso, Knox era ya culpable antes de ser declarada culpable.

Nos espían ( y a mí, también)

23 nov

La noticia de que en España, el gobierno quiere actualizar la regulación legal de las intervenciones telefónicas me ha motivado a escribir este apunte. Tanto en España como en República Dominicana, al igual que en toda democracia, las intervenciones telefónicas, es decir, la interceptación de las comunicaciones, debe ser previamente autorizada por una autoridad judicial, la cual debe tener una causa y un motivo justificado para hacerlo.

Me correspondió impulsar y aprobar la primera norma reglamentaria en nuestro país que sanciona la intercepción no autorizada de las comunicaciones telefónicas, mediante la Resolución No.36-00 del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, en diciembre de 2000. Esta Resolución fue luego reglamentada por la Suprema Corte de Justicia en el 2001, estableciendo que son los jueces de instrucción los autorizados a cumplir con esta norma. Posteriormente, en el 2003, mediante la Resolución No. 2043-2003, la Suprema Corte de Justicia emitió el Reglamento correspondiente.

Sin embargo, la normativa ha resultado en insuficiente. Por un lado, ha quedado ya desactualizada, pues la tecnología ha avanzado mucho, y por lo tanto, hay que garantizar la privacidad y los derechos en las nuevas tecnologías como Internet, correos electrónicos, el envío de data através de mensajes de textos o chats por los teléfonos móviles, entre otras formas de comunicación. Y por otra parte, lo más grave, no hay voluntad política, para aplicarla a quienes efectivamente vulneran los derechos de privacidad de los ciudadanos.

En nuestro país, es muy próspera la industria del espionaje, con complicidades privadas y públicas, y en todos los ámbitos. Algunos se autoconfiesan y lo dicen a viva voz que escuchan conversaciones telefónicas, y la autoridad judicial guarda absoluta indiferencia. Otros mercadean y comercializan estas informaciones para obtener ventajas económicas. En definitiva, nos espían, y a mí también. Por eso, es importante aumentar también las garantías legales para sancionar a quienes, no dan la cara, a quienes el anonimato que les permite determinadas ocupaciones privadas y públicas, bajo el manto de la impunidad, sean sancionados. Todavía queda un largo camino por recorrer.

Los menonitas de Bolivia: Bajo las garras de los monstruos

3 jul


En el año 1994, durante una visita a Filadelfia, específicamente a Reading, tuve la oportunidad de conocer a los Amish y a los Menonitas. Hasta ese momento, mi conocimiento era apenas através de las vagas informaciones suministradas en los libros de historia, y había visto la película Witness.

Ayer, he vuelto a recordar estos momentos, cuando he leído la triste noticia de que los menonitas de Bolivia denuncian la violación de al menos 80 mujeres, algunas menores de edad, por un grupo de nueve hombres, que utilizaban potentes somníferos para sedar a sus víctimas, a los hombres de la casa e incluso a los perros. Desconocía que en Bolivia, con su diversidad étnica, existiera una comunidad menonita desde 1920.

Tanto los amish como los menonitas tienen tradiciones muy particulares. No tienen contacto con el mundo exterior, es decir con el entorno que les rodea, se solucionan y administran sus colonias sin la intervención de las autoridades nacionales y locales. Aquí pueden leer más sobre los menonitas en Bolivia. Sin embargo, ante la gravedad de esta situación, decidieron acudir ante la autoridad judicial, y ya están detenidos los monstruos que cometieron estos terribles hechos.

Pudo haber sido una sola violación, y el crimen es inaceptable. Más grave, cuando son ochenta violaciones. Definitivamente, la violencia sexual no tiene fronteras, y solo el peso de la ley, con todas sus consecuencias, es y debe ser la sanción.