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Entre tiburones

5 Ene

Una de las tareas más difíciles que tiene el regulador de servicios públicos es cuando tiene que intervenir en la solución de conflictos en donde, en el fondo, lo que existen son intereses comerciales que involucran a las partes envueltas. Cada quien asegura tener la razón. Cuando leí la disputa entre Fox y Time Warner Cable que puso en riesgo que ésta última sacara de su sistema de cable a la cadena televisiva Fox, ví con suma atención la posición de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, mejor conocida como la FCC, que actuó con mucha prudencia. Al final, se impuso la razón. Una buena lección para quienes regulan los servicios públicos.

El Estado regulador

27 Ago


“Cuando el Estado no regula bien, el mercado no funciona o produce resultados que no son tolerables. El Estado es imprescindible en tanto que regulador y en tanto autoridad que hace cumplir las normas”.

Joaquín Almunia, Comisario Europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, en una reciente entrevista en El País. Guardando las distancias, es lo que ha pasado y pasa en nuestro país ante la deficiencia de la regulación en la mayoría de los servicios públicos, especialmente en agua, luz, salud y combustibles.

Ganó “Main Street”, no “Wall Street”.

30 Sep

Rechazado el plan de rescate financiero, hay que concluir en que la política norteamericana esta cambiando profundamente, para el bien de ese país, y del resto del mundo democrático. La versión original del Plan Paulson que era de apenas 3 páginas, se fue convirtiendo en un documento de 106 páginas, que fue transformado en una pieza legislativa para proteger y asegurar que esos 700 billones de dólares fuesen destinados a quienes real y efectivamente lo necesitan, y no a los banqueros o agentes financistas de Wall Street.

Sin embargo, el plan revisado y mejorado por el Congreso no llenó las expectativas del ciudadano común norteamericano, que presionó a sus legisladores, provocando el rechazo de ayer, a pesar del acuerdo previo del domingo por la tarde. Es probable que el plan acordado fuese víctima de mala comunicación pública.

Estoy seguro que, a partir de esta etapa, se producirá un endurecimiento de la política de regulación de los mercados en Estados Unidos, discusión que esta actualmente en curso. No es posible que la banca tradicional estuviese efectivamente controlada y regulada, mientras otras actividades, como las de los bancos de inversión, fuesen objeto de regulación flexible. Igualmente, sucedió con las regulaciones sobre las hipotecas. De ahí es que duele que sea el contribuyente el que tenga que, al final del día, pagar por lo que otros no han hecho correctamente. Aquí estuvo la deficiencia de la versión original del Plan Paulson. Comparto con ustedes esta caricatura de Forges que describe el actual escenario de crisis.

En esta batalla, ganó Main Street, y no “Wall Street”. Triunfó el ciudadano de clase media, que tiene que trabajar duramente para sobrevivir, y que no entendía el porque debía cargar con esta culpa. En este sentido, les recomiendo leer este oportuno artículo sobre La Crisis, escrito por Blanca Álvarez en El Correo Digital.

La saga por la aprobación del rescate financiero continuará, pues nadie duda lo necesario que es. Estoy seguro que una solución se producirá teniendo como base a “Main Street”.

¿Regular o educar?

6 Sep

(Artículo publicado hoy en El Nacional)

Esa es la cuestión que se formula María José Sánchez Apellánz, en un interesante trabajo publicado en el 1999, bajo el título “¿Regular o educar? El problema de los contenidos audiovisuales” (“Comunicar”, marzo, número 12, 1999). Igualmente aquí, en la República Dominicana, ha estado en el debate, de manera recurrente, aunque con escaso eco, si, como consecuencia del avance de la sociedad del conocimiento y de la información, se hace necesario o no regular el contenido audiovisual, incluyendo el Internet.

El marco legal de los medios de comunicación tradicionales, como la prensa escrita, la radio y la televisión, está trazado por distintas leyes sectoriales fundamentadas en el principio constitucional consagrado en el artículo 8, numeral 6, de la Constitución de la República que dispone: “Toda persona podrá, sin sujeción a censura previa, emitir libremente su pensamiento mediante palabras escritas o por cualquier otro medio de expresión, gráfico u oral. Cuando el pensamiento expresado sea atentatorio a la dignidad y a la moral de las personas, al orden público o a las buenas costumbres de la sociedad, se impondrán las sanciones dictadas por las leyes. Se prohíbe toda propaganda subversiva, ya sea por anónimos o por cualquier otro medio de expresión que tenga por objeto provocar desobediencia a las leyes, sin que esto último pueda coartar el derecho a análisis o a críticas de los preceptos legales”.

Este precepto legal ha servido para trazar una delgada línea roja entre la libertad de contenido que se transmite por audio, video, o data, en los medios de comunicación y la regulación de radio y la televisión, la cual ha estado fundamentalmente concentrada en la provisión del servicio público de telecomunicaciones a través de las concesiones, permisos y autorizaciones establecidas por el órgano regulador, según los objetivos, criterios y requisitos fijados por la ley y sus reglamentos.

Más recientemente, con el avance de la convergencia tecnológica y el desarrollo de la sociedad del conocimiento, se han implementado importantes leyes y reglamentos que tienen por objetivo garantizar la seguridad de la información que fluye en la red, así como sancionar los delitos tecnológicos. Asimismo, el Estado ha creado la infraestructura legal necesaria para la protección de los derechos del consumidor, eje esencial del Estado regulador.

En el caso del Internet, es indudable que algunos sectores conservadores, que se resisten a los cambios que ha generado, genera y generará la red, quieran controlarlo y hasta regularlo. Pero, la grandeza del Internet se fundamenta en el hecho innegable de que es abierto, y por lo tanto, es fuente de innovación y de creatividad. La Internet debe ser neutral, y no puede ser regulada. Así, se ha pronunciado recientemente la FCC, el órgano regulador de las telecomunicaciones de Estados Unidos, en el Caso Comcast que ha sentado un precedente sobre este interesante y complejo tema.

Por lo tanto, la solución al problema de los contenidos audiovisuales no puede ser más regulación que pudiera constituirse en una amenaza o un atentado a la libertad de expresión y difusión del pensamiento. La solución debe estar fundamentada en más educación, que debe iniciarse por la creación de un código de ética que debe ser suscrito entre los principales miembros de la industria audiovisual del país para que norme la conducta de este sector tan importante para el país. Existen algunas iniciativas, en el reglón publicitario, pero pudieran ser mejoradas y ampliadas, para crear mayor nivel de conciencia social tanto a nivel corporativo como a nivel de los ciudadanos, expuestos totalmente a los retos y oportunidades de la revolución que caracteriza a la sociedad del conocimiento. (Continuará)

El modelo de regulación

28 Jul

Publicado en El Nacional, sábado 26 de julio de 2008.

Desde la década de 1990, la República Dominicana inició la ardua tarea de transformar el rol del Estado, de administrador a regulador en los servicios públicos. Con la capitalización y privatización en áreas fundamentales como electricidad, transporte y salud, se completó un proceso que se inició con la privatización de las telecomunicaciones en los albores de la democracia moderna.

Este paso trascendental implicó decisiones políticas valientes que asumieron los que ejercieron la Presidencia. El Estado sacrificaría su capacidad de participar, como parte interesada, en la administración y control de los servicios públicos, para ser regulador, independiente e imparcial, de los servicios públicos que pasaron, mediante el cumplimiento de requisitos legales y económicos, a manos del sector privado.

El modelo de regulación de los servicios públicos, que se originó en Europa y se extendió por Estados Unidos, América Latina y Asia, y en menor medida por África, ha sido exitoso. Permanecen excepciones a la regla, como Costa Rica, donde el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), en manos del Estado, mantiene una influencia impresionante en toda la sociedad.

Bajo este modelo, surgieron en el país nuevas instituciones estatales, como la Superintendencia de Electricidad, la Superintendencia de Pensiones, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, como órganos reguladores de servicios. Todas, bajo sus respectivos marcos legales, y subordinadas a una serie de principios fundamentales para el desempeño de sus funciones.

Indudablemente que la implementación de este modelo de regulación de los servicios públicos no ha sido igual en todas las áreas. En el caso de la electricidad, en donde el Estado tiene intereses en el sector, todavía la Superintendencia de Electricidad requiere de mayor fortaleza institucional y autonomía. En el caso de la seguridad social y las pensiones, se necesita fortalecer el debido proceso en la toma de decisiones por parte de las autoridades reguladoras. Y en el caso de las telecomunicaciones, su eficiencia reguladora enfrenta el reto de implementarla ante la promulgación de nuevas leyes que norman los actos del Estado. Finalmente, en el caso del transporte, la controversia existente entre una empresa extranjera y el sindicato de transportistas revela la necesidad de establecer una real y efectiva autoridad reguladora del transporte público.

El modelo de regulación de servicios públicos está fundado para proteger a usuarios y consumidores, garantizándoles su derecho de elegir, de las ofertas en el mercado, las mejores opciones, en el marco de la libre y leal competencia.

Ante la evolución del Estado de Derecho, algunos observan, con preocupación, la ineficacia del modelo de regulación de los servicios públicos ante los diversos problemas que actualmente enfrenta el consumidor. El tema es apasionante, y sobre el mismo, continuaré la próxima semana.